foto: rotmiencisoCaso Lydia Cacho
El DEMÓCRATA. Reporteros sin Fronteras. Boletín de Prensa. Caso Lydia Cacho: la justicia del Estado de Quintana Roo se niega a dictar las órdenes de detención de los principales sospechosos
Reporteros sin Fronteras está escandalizada por la decisión, anunciada el 2 de junio de 2008, de la justicia del Estado de Quintana Roo (Sudeste) de no dar curso a la demanda de la Procuraduría General de la República (PGR) de emitir órdenes de detención contra siete actuales y antiguos funcionarios del Estado de Puebla (Sur), sospechosos de implicación en la detención arbitraria de la periodista independiente Lydia Cacho, en diciembre de 2005. El magistrado Benjamín Navarrete ha explicado que los cargos en cuestión -entre ellos "tortura" y "falsificación de documentos" - debía notificarlos a los sospechosos la justicia de su Estado de origen, que en este caso es el de Puebla.
En el pasado mes de abril, el Ministro Federal de Justicia también solicitó que se dictara una orden de detención contra José Camel Nacif, un empresario del textil cuestionado por Lydia Cacho por su presunta pertenencia a un red de pederastia, y cuya denuncia de la periodista, por "difamación", fue la causa de que la detuvieran. La justicia de Quintana Roo no se ha pronunciado todavía sobre la suerte del empresario, que es una persona muy cercana a Mario Marín, gobernador del Estado de Puebla, sospechoso también de haber encargado la detención y el traslado de Lydia Cacho desde el Estado de Quintana Roo, donde reside, hasta el de Puebla. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la más alta jurisdicción del país, exoneró el 29 de noviembre de 2007 de todas las acusaciones al gobernador de Puebla
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Reporteros sin Fronteras está escandalizada por la decisión, anunciada el 2 de junio de 2008, de la justicia del Estado de Quintana Roo (Sudeste) de no dar curso a la demanda de la Procuraduría General de la República (PGR) de emitir órdenes de detención contra siete actuales y antiguos funcionarios del Estado de Puebla (Sur), sospechosos de implicación en la detención arbitraria de la periodista independiente Lydia Cacho, en diciembre de 2005. El magistrado Benjamín Navarrete ha explicado que los cargos en cuestión -entre ellos "tortura" y "falsificación de documentos" - debía notificarlos a los sospechosos la justicia de su Estado de origen, que en este caso es el de Puebla.
En el pasado mes de abril, el Ministro Federal de Justicia también solicitó que se dictara una orden de detención contra José Camel Nacif, un empresario del textil cuestionado por Lydia Cacho por su presunta pertenencia a un red de pederastia, y cuya denuncia de la periodista, por "difamación", fue la causa de que la detuvieran. La justicia de Quintana Roo no se ha pronunciado todavía sobre la suerte del empresario, que es una persona muy cercana a Mario Marín, gobernador del Estado de Puebla, sospechoso también de haber encargado la detención y el traslado de Lydia Cacho desde el Estado de Quintana Roo, donde reside, hasta el de Puebla. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la más alta jurisdicción del país, exoneró el 29 de noviembre de 2007 de todas las acusaciones al gobernador de Puebla
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