viernes 30 de enero de 2009

Vecinos de Acolman solicitan cancelación del proyecto Luz y Sonido de Teotihuacan


DESPLEGADO PUBLICADO POR VECINOS Y HABITANTES DE ACOLMAN ESTADO DE MÉXICO

Como vecinos y CIUDADANOS de Acolman, como mexiquenses, como mexicanos; exigimos que se CANCELEN DE MANERA DEFINITIVA LA DESTRUCCION QUE SE ESTA HACIENDO del patrimonio de la humanidad, con el proyecto resplandor Teotihuacano, que lejos de la retorica oficial y semi oficial (diputados , representantes de la iniciatica privada y como el caso patetetico del " periodista" Carlos Marin , que en el programa 3er. grado , del dia 14 de enero ,tuvo el descaro y desparpajo de hablar del "cascajo de las piramides", lo que refleja su ignorancia y escasa "formacion" cultural, pero sobre todo su "identidad" como mexicano.
Es un hecho la horadacion, instalacion, daño, mutilacion de la zona arqueológica mas impotanes del paìs.
Este proyecto ha causado grave daño al patrimonio cultural , porque las acciones ejecutadas sobre las estructuras son de carácter irreversible y afectan evidentemente los valores de autenticidad y visuales del sitio prehispánico.
Exigimos que se transparente el esquema de asociación entre el gobierno del estado de México y el INAH asi como las empresas involucradas y que de igual manera se aplique la ley federal sobre Monumentos y Zonas Arquelogicas, Artisticos e Historicos, en la modalidad de daños o alteracion. A los funcionarios involucrados; por acción u omision, exigimos su deslinde de responsabilidad y que sean investigados: Laura Barba Fortuol, exsecretaria de Turismo del Estado de México; Alfonso de María y Campos, Director Gneral del INAH; Enrique Peña Nieto, Gobernador del Estado de México y Alfonso del Mazo Maza, Titular de la Secretaría de Turismo del estado de Mëxico, así como los dueños Y/O legitimos propietarios de las empresas involucradas en dicha destrucción o quién resulte responsable por la posible tipificación de los delitos que se hayan cometidos en función de la citada ley Exigimos que se de a conocer con toda claridad el proyecto que supone la "derrama económica- turística y beneficio" para la población de los municipios aledaños, en lugar del alarde mediatico que intenta justificar los mas de 70 años de abandono de la región por parte de las autoridades priistas y el supuesto "rescate" que implementa el desgobierno federal del espurio; en alianza con peña nieto, el INAH y particulaes ;que hoy por hoy son los que realmente se benefician acaparando la obra y la administración del proyecto. Exigimos que lddicho proyecto sea amolamente difundido y se busque los mecanismos para que se tomada la opinion de los ciudadanos de los municipios de la region y que las autoridades municipales, así como los diputados local y federales de la zona se expresen y se aclare los "beneficios" que tendrá la región.

Paco Rosas López

David Zarco Santa Catarina.

Socrates S Galicia Funtes

Ernesto Badillo Delgado

Esteban Lorenzo Hernández

José Yuren Alonso Sabina

Lorenzo Hernandez

Marcelino rodríguez Martínez

Ernesto Rosas Romero

Teresa Romero Aguirre

Camilo Rosas Romero

Francisco Ramón Rosas López

UH STUNAM, Acolman


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miércoles 28 de enero de 2009

Destapan red de corrupción en Ayuntamientos de Unión Juárez y Cacahoatán Chiapas

Destapan red de corrupción en Ayuntamientos de Unión Juárez y Cacahoatán Chiapas

el DEMÓCRATA. Cacahoatán. Chiapas. Ante las constantes denuncias de constructoras locales, el Ayuntamiento de Cacahoatán y el de Unión Juárez se encuentran en proceso de investigación y sus alcaldes Rolfi Gómez Robledo y Jaime Valiente Chun podrían ser llamados a cuentas ante el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado.
Las denuncias de constructoras revelaron que el Presidente de Unión Juárez Jaime Valiente Chun en contubernio con el contratista Rafael Avendaño; actualmente asesor del alcalde de Cacahoatán Rolfi Gómez Robledo concertaron la elaboración de un expediente técnico, el cual le compete en un 100% al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), por que éste tiene la obligación de validar la factibilidad de la obra pública.Sin embargo, dicho expediente fue armado según la denuncia por el propio asesor de Cacahoatán Rafael Avendaño, con lo que no respetaron las normativas para la priorización e inversión de recursos del Gobierno Federal, Estatal y Municipal.
Según documentos originales con sellos y firmas, señalan que la obra en materia de Agua Potable en la Comunidad de Santo Domingo, estaba validada en más de 3 millones de pesos; sin embargo, como el expediente fue elaborado fuera del COPLADEM, los funcionarios corruptos optaron por incrementarle las cifras hasta pasarse de los 4 millones de pesos y de esta manera desviar recursos ascendentes a 1 millón 82 mil pesos.
Rafael Avendaño también es tachado de estar al frente de una constructora irregular, cuando no cuenta con los registros ni las condiciones adecuadas para licitar y resolver las demandas sociales que debería de preocupar a las autoridades municipales competentes de Unión Juárez.
Así como otras obras malversadas en el municipio de Cacahoatán. La gravedad del asunto está en que los recursos, fueron gestionados a la SEDESOL y al Gobierno del Estado para coadyuvar en una mezcla de esfuerzos. En éste proceso, el Ayuntamiento de Unión Juárez solamente aportaría una mínima parte. Las interrogantes por parte de los denunciantes están enfocadas en saber donde está el recurso que básicamente desaparecieron, tanto el asesor del alcalde de Cacahoatán y el alcalde de Unión Juárez.Por la gravedad del asunto, los denunciantes interpondrían una denuncia ante el Congreso del Estado para ser canalizado a las instancias correspondientes. De igual forma han considerado enviar una carta al Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa con una copia a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Procuraduría General de Justicia de Chiapas (PGJE), con la documentación donde se fraguó el presunto fraude, con la finalidad que los involucrados entren a un proceso de indagaciones concretas y respondan por las alteraciones graves que incurrieron en varios expedientes.

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Mujeres periodistas

Mujeres periodistas, el peligro de informar

el DEMÓCRATA. Guadalupe Gómez Quintana
Teresa Bautista Merino, Felícitas Martínez Sánchez, Ana Lilia Pérez Mendoza y Lydia Cacho son los nombres más conocidos de mujeres periodistas que han sido agredidas por su trabajo informativo. Ellas fueron víctimas de lo que organismos internacionales, como Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19, o nacionales como Cencos, han descrito como los patrones más comunes de agresiones a periodistas en el país: desde ataques a las instalaciones de sus medios, amenazas, demandas y allanamientos, hasta asesinatos. Teresa y Felícitas, comunicadoras triquis de la radiodifusora comunitaria La Voz que rompe el silencio, del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, fueron asesinadas el 7 de abril de 2007 en una emboscada. Las reporteras habían sido amenazadas de muerte, en la entidad que ocupa el segundo lugar más riesgoso del país para ejercer esta profesión, después de Chihuahua, según el Informe “Periodismo bajo la violencia del narcotráfico 2008, Libertad de Expresión”, del Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET). . “Algunas personas piensan que somos muy jóvenes para saber… deberían saber que somos muy jóvenes para morir…” grabaron en la radio Felícitas y Teresa, días antes de su asesinato.
Jorge Albino, coordinador de la radio, advirtió que las familias de las reporteras recibieron “amenazas” y que la agresión provino del Gobierno federal, que se opone a los proyectos de radio comunitaria, y del estatal que rechaza el proyecto del municipio autónomo, porque “más adelante la gente tomará conciencia, podrá decidir por su cuenta”. NO ROBÉ, NO MATÉ Ana Lilia Pérez Mendoza, reportera de la revista Contralínea desde hace 10 años, se vio obligada a esconderse hace unos días, ante las agresiones y amenazas que ha sido objeto desde hace dos años por informar sobre los negocios millonarios de funcionarios y de empresarios como la familia Zaragoza, dueños del consorcio denominado Zeta Gas, quienes la demandaron por daño moral, al igual que al director de la publicación, Miguel Badillo. Ella hizo también públicos los contratos que Juan Camilo Mouriño, extinto secretario de Gobernación, firmó entre 2001 y 2004, en su dualidad como funcionario público del sector energético y contratista privado de Pemex Refinación. Su investigación, respaldada con copias de los contratos multimillonarios, se publicó en febrero de 2008. La detención del director de la revista, el pasado 16 de enero, hizo que organizaciones defensoras de la libertad de expresión apoyaran a Ana Lilia, pues sobre ella pesaba también orden de aprehensión. “Es el costo que he pagado por revelar los contratos que firmó en Pemex Mouriño, y por investigar y publicar los negocios en Pemex de otros empresarios vinculados con él y con quien hoy ostenta el cargo de presidente de la República”, dijo la periodista desde su refugio. “No maté, no robé, no violenté ley alguna. Mi única arma es la palabra, y con ella hice lo único que sé hacer: periodismo, honrosa profesión de la que me sostengo con un salario ganado decorosamente”. He investigado, dice, porque es derecho de todas las mexicanas y mexicanos conocer qué se hace con su empresa: Pemex, cuyos ingresos sostienen la economía de este país y de la que pocos, muy pocos, se han hecho inmensamente ricos”.
A la semana siguiente, la periodista logró un amparo para evitar su detención, pero no por ello se disiparon las amenazas de muerte. La CDHDF hizo pública su preocupación por el latente peligro que enfrenta. En contraste, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que recibió desde el pasado 12 de septiembre la queja formal por parte de Pérez Mendoza y Badillo, nada respondió. También al margen se mantiene la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas.
CASO INCONCLUSO
El caso de Lydia Cacho ha encontrado resonancia en el país y en el extranjero; no por ello ha encontrado justicia. Ella denunció la existencia de una red de pederastas en donde estaban también involucradas autoridades del Estado mexicano. Lo publicó en Los Demonios del Edén y por ello fue detenida, torturada y acusada de difamación por uno de los protagonistas de su libro, el empresario Kamel Nacif, señalado por la periodista como líder de la red de pederastas. Fue detenida en Quintana Roo en 2005, de donde la trasladaron vía terrestre a Puebla, por orden del gobierno de Mario Marín. Durante el camino fue víctima de tortura, pero una llamada telefónica y la solidaridad de las mujeres periodistas impidieron que perdiera la vida. Sin embargo, estuvo presa durante 30 horas y enfrenta aún un complicado e irregular proceso.
Su caso llegó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2006, quien determinó, al año siguiente, que no hubo violación grave a sus garantías individuales. Cacho denunció ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas y ante otras instancias, pero no ha tenido respuesta favorable. En cambio, ha sufrido más agresiones, como el atentado de mayo de 2007, cuando a su camioneta le aflojaron los birlos. PREMIOS Y DEUDAS Todas las periodistas mencionadas han recibido premios por su trabajo informativo. Teresa y Felícitas recibieron, post mortem, el Premio Nacional de Periodismo 2007; Ana Lilia Pérez fue reconocida recientemente con el Premio del Club de Periodistas de México, y Lydia Cacho ha recibido gran cantidad de reconocimientos nacionales y, sobre todo, internacionales. Sin embargo, la sociedad mexicana tiene una deuda con todas ellas, que fueron y son aún víctimas de la violación a sus derechos fundamentales, expresa Lucía Lagunes, directora de CIMAC: falta una política de protección a los derechos humanos que contemple las agresiones contra la libertad de expresión. No sólo el Estado ha faltado a esta obligación, el Gobierno actual federal ha mostrado verdadero desinterés por contar con acciones efectivas y sigue en el escenario de lo mediático, advierte la periodista.

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domingo 25 de enero de 2009

Andrés Manuel López Obrador volvió a llenar el Zócalo del D.F.


Se mantendrá resistencia civil pacífica hasta que bajen los precios de los combustibles y se derogue el IETU: López Obrador

Habrá en febrero y marzo mítines en oficinas de Hacienda, Luz y Fuerza, CFE y la ABM, informa Andrés Manuel López Obrador

Se instalarán casas del movimiento en defensa de la economía popular en las capitales de los 31 estos y las 16 delegaciones del DF, comunica Alejandro Encinas Rodríguez

La siguiente asamblea nacional se realizará el domingo 22 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México, a partir de las 10 de la mañana


el DEMÓCRATA. Ante un desbordado Zócalo, Andrés Manuel López Obrador informó que se mantendrá la movilización en defensa de la economía popular y anunció que se llevarán a cabo durante febrero y marzo actos de protesta ciudadana en las oficinas centrales de la Secretaría de Hacienda, Luz y Fuerza del Centro, la Comisión Federal de Electricidad y la Asociación Mexicana de Bancos.
La siguiente asamblea nacional del movimiento por la defensa de la economía popular se realizará el próximo domingo 22 de marzo, a las 10 de la mañana, en el corazón político de México: El Zócalo del Distrito Federal, comunicó al manifestar que el 18 de marzo, fecha en que se conmemora el aniversario de la Expropiación Petrolera, se celebrará una reunión de evaluación sobre la defensa del petróleo, en el Monumento erigido en memoria del General Lázaro Cárdenas del Río, de esta ciudad capital.
En la asamblea del Movimiento Nacional por la Defensa del Petróleo, la Economía Popular y la Soberanía Nacional, el presidente legítimo de México expresó su agradecimiento por el esfuerzo que realizaron los miles de mujeres y hombres, jóvenes y ancianos respetables y familias completas, para asistir al evento. Flanqueado por dirigentes de los partidos que forman el Frente Amplio Progresista (PRD, PT y Convergencia), así como representantes de agrupaciones sociales y sindicales, afirmó que se mantiene la lucha por la transformación de la vida pública de México.
El tema de su mensaje fue la economía. “Hoy, se padece por el desempleo, la carestía, la pobreza, la inseguridad y la violencia pero, sobre todo, existe incertidumbre y empieza a manifestarse la angustia y la frustración. Y todo ello en un ambiente de inestabilidad, de insensibilidad, de indolencia, de incapacidad y de cinismo de las autoridades”, alertó.
Sin embargo, aclaró que, a pesar de que México ha sido saqueado por siglos, “todavía tenemos oro, plata, cobre, petróleo, gas, agua en abundancia, buenas tierras para la producción agropecuaria, bosques, selvas, litorales, y nuestro territorio es uno de los más bellos del mundo”.
Ubicó el origen de la crisis económica en dos grandes problemas: “la corrupción y la desigualdad, que al final de cuentas se resumen en uno solo: el mal gobierno”.
Luego aseguró que los responsables de la tragedia nacional son aquellos que se han apoderado del gobierno y de las instituciones y las han convertido en un comité al servicio de una minoría, sin importarles el destino del país ni el sufrimiento de la mayoría de nuestro pueblo.
Sin rodeos, López Obrador subrayó que en México subsiste una república aparente, simulada, falsa, con poderes constitucionales, pero en los hechos un grupo ha confiscado todos los poderes. “Esta especie de dictadura encubierta, no sólo ha nulificado la vida democrática, sino que ha causado una profunda desigualdad económica y social. Hay pocos que tienen mucho y muchos que tienen poco”, acusó.
Es paradójico e inmoral –detalló— que un puñado de barones del dinero y de la política se hayan enriquecido, como nunca, de manera impune y descarada, mientras el país se ha hundido en uno de los periodos más largos de estancamiento económico en toda su historia y el pueblo ha sido condenado a la sobrevivencia.
La gran injusticia, como la llamó, se ha llevado a cabo al amparo del poder público y mediante el despojo de bienes de la nación y del pueblo, con la protección de monopolios, con la utilización facciosa del presupuesto y con la corrupción en contratos de obras y servicios.


A la par de este gran pillaje, han venido imponiendo una política económica, que lo único que ha ocasionado es la tremenda crisis de bienestar y de seguridad, que hoy agobia a la mayoría de los mexicanos y que amenaza con generar más inestabilidad política y social, añadió.
La crisis es fruto de 26 años sin crecimiento económico, por el abandono al campo y por el manejo irresponsable de nuestros recursos energéticos. Ahora, se optó absurdamente por comprar los alimentos que consumimos en el extranjero, detalló al señalar que en el sector energético todo se ha centrado en la sobreexplotación de los yacimientos petroleros para exportar materia prima, petróleo crudo, y comprar afuera gasolinas, diesel y productos petroquímicos.
Por si fuera poco, a la tragedia nacional se añade el derroche y los altos salarios que recibe la alta burocracia panistas. Durante los gobiernos foxista y calderonista, el gasto corriente aumentó en 72 por ciento y en los últimos dos años ha crecido en 400 mil millones de pesos.
“A pesar de la crisis que está golpeando a la mayoría de los mexicanos, los altos funcionarios públicos están ganando hasta 600 mil pesos mensuales, tienen atención médica privada, fondo de ahorro especial y gozan de muchos otros privilegios”, denunció.
Al aclarar que la migración y la vocación pacifista del pueblo ha evitado un estadillo social, destacó que la expresión más clara del rotundo fracaso de la actual política económica es el crecimiento tan preocupante de la inseguridad y de la violencia.
El flagelo de la delincuencia es producto de la falta de crecimiento económico, de oportunidades de empleo y de bienestar, es el fruto podrido de esas políticas antipopulares que se han venido imponiendo a lo largo de 26 años, mencionó al afirmar que dicho fenómeno que azota a todo el país no se resolverá con policías y soldados, con cárceles, con amenazas de mano dura, con penas más largas, con leyes más severas, sino a partir de un cambio profundo en todos los ordenes de la vida pública de México.
Y, por desgracia, la situación política, económica y social en nuestro país va a empeorar, anticipó. En pocos meses el peso se devaluó 40 por ciento, este año el crecimiento estará por debajo de cero y lamentablemente hay despidos masivos de trabajadores, argumentó.
Pero el presidente usurpador, Felipe Calderón ni tiene voluntad ni capacidad para enfrentar los problemas nacionales, porque “está atrapado en la red de complicidades y componendas que se tejió desde el fraude electoral, está atado de pies y manos, además, es muy inepto”.
Obrador expresó que se mantendrá la movilización ciudadana y los actos de resistencia civil pacífica hasta lograr que se reduzcan los precios de las gasolinas, el gas, el diesel y la energía eléctrica y se cancele el denominado impuesto empresarial y los privilegios de la alta burocracia panista. También se refirió a la instalación de las casas del movimiento en defensa de la economía popular. “Se trata de oficinas donde la gente pueda acudir y ser atendida ante cobros indebidos en recibos de luz, predial, agua, tarjetas de crédito, hipotecas o cualquier otro abuso de autoridad o de prestadores de servicios”, explicó.
Y dio a conocer el calendario de actividades del movimiento en defensa de la economía popular. Del 26 al 30 de enero se llevará a cabo una campaña de difusión para la defensa de la economía popular, con el apoyo de 28 mil videos y 200 mil historietas.
Posteriormente, el martes 3 de febrero, a las 5 de la tarde, se llevará a cabo un mitin en las oficinas de la Secretaría de Hacienda ubicadas en la avenida Hidalgo, frente a la Alameda Central, para exigir un cambio de rumbo en la política económica y demandar que bajen los precios de la gasolina, el diesel, la luz, el gas, que se derogue el Impuesto Empresarial Tasa Unica (IETU) y se protejan los fondos de pensiones de los trabajadores.


Para el miércoles 17 de febrero, a las 5 de la tarde, se realizarán asambleas del movimiento frente a las oficinas de Luz y Fuerza del Centro y de la Comisión Federal de Electricidad, tanto en el Distrito Federal como en todos los estados del país, para protestar por los cobros excesivos en los recibos de luz.
También en febrero se abrirán las Casas del Movimiento en los 31 estados y en las 16 delegaciones del Distrito Federal, mientras que el martes 3 de marzo, a las 5 de la tarde, se llevará a cabo un mitin frente a las oficinas de la Asociación Mexicana de Bancos, ubicadas en 16 de septiembre número 27, para protestar por las altas tasas de interés en las tarjetas de crédito, cobros indebidos y analizar la situación de la cartera vencida.
Luego, el miércoles 18 de marzo, a las 5 de la tarde, se celebrará una reunión de evaluación sobre la defensa del petróleo, en el Monumento al general Lázaro Cárdenas del Río, ubicado en el Eje Central del mismo nombre.
En el último tercio de su discurso, López Obrador expresó su apoyo a los familiares de los 65 mineros que perdieron la vida en Pasta de Conchos, Coahuila, su respaldo a los mineros de Cananea, Sonora, que están en huelga desde hace 18 meses, resistiendo con sus familias y su solidaridad con las familias que luchan contra la minera canadiense San Xavier, que está destruyendo el cerro de San Pedro en San Luis Potosí, símbolo de ese estado.
También refrendó su apoyo al pueblo de Zimapán, Hidalgo, que se opone a que una empresa española instale un basurero de residuos tóxicos en ese municipio y su solidaridad con los periodistas Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez, de las revistas Contralínea y Fortuna, quienes son víctimas de la persecución por sus denuncias a empresarios vinculados con Felipe Calderón.
Su voz rebasó los cuatro puntos cardinales de la Plaza de la Constitución cuando exigió la libertad de los maestros Héctor Manuel Lara Moreno, Carlos Antonio Castro García y Álvaro K. Escamilla de Mexicali, Baja California, quienes por encabezar un movimiento en contra de la lideresa Elba Esther Gordillo, fueron encarcelados con la complicidad del gobernador panista José Guadalupe Osuna Millán.
De igual forma, demandó la inmediata puesta en libertad de los presos políticos de Atenco y de todos los luchadores sociales que son hostigados o se encuentran privados de su libertad por la defensa de causas populares y del medio ambiente.
También hizo eco del creciente repudio popular al denominado proyecto “Resplandor Teotihuacán”, impulsado por los gobiernos federal y del estado de México, por los daños que ya se han ocasionado a la zona arqueológica del área Teotihuacán, en aras de intereses políticos mediáticos y mercantiles.
Antes, Alejandro Encinas, se refirió al inició de una nueva etapa de lucha de nuestro movimiento en defensa de la economía popular. Se debe fortalecer “nuestra identidad, nuestra organización, nuestra capacidad de respuesta ante las acciones de la derecha, nuestra propuesta política y nuestras alianzas con la sociedad. Necesitamos consolidar el Proyecto Alternativo de Nación y al mismo tiempo impulsar un Programa de Emergencia en Defensa de la Economía Popular”, urgió.
Desde las reformas neoliberales de los años ochenta, el crecimiento de la producción apenas rebasa al de la población. Con Felipe Calderón vamos de mal en peor, pues en 2008 nuestra economía no creció y este año va a disminuir, aseguró al dejar en claro que sin crecimiento económico ni hay trabajo.
Sin empleo no hay ingresos y los salarios y las prestaciones de quienes tienen trabajo disminuyen. Hoy el sueldo apenas alcanza para comprar una cuarta parte de lo que se adquiría hace 25 años y en los últimos meses la situación ha empeorado, pues se han elevado el precio de los alimentos, de la luz, del gas, de las gasolinas y el diesel, expuso al declarar que con Calderón todo sube en México, menos el empleo y el salario.
A nombre del movimiento nacional por la defensa de la economía popular, el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal hizo énfasis en que en el momento actual, cuando la crisis económica nos golpea a todos y en especial a los más pobres, defender la soberanía nacional es defender la economía popular. Recuperar la soberanía es fundamental para sacar al país de la postración económica, social, política y moral en la que lo sumieron los gobiernos vendepatrias, puntualizó.
Luego hizo suyo un reiterado clamor de millones de trabajadores asalariados: “Demandamos un aumento de emergencia al salario mínimo; el impulso a la industria de la construcción que genera puestos de trabajo en infraestructura básica y vivienda popular y la intervención gubernamental en las Afores”.
Es urgente defender el consumo, garantizar precios accesibles en los bienes de primera necesidad y abaratar los servicios cuyas tarifas establece el gobierno, agregó.
También abordó el tema de las Casas del Movimiento que se instalarán en las 31 capitales de los estados y en las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal. Cada recinto “será un referente territorial y el centro de operaciones de nuestro movimiento. Lugares de encuentro y de trabajo para defender la economía popular y promover la solidaridad y la ayuda mutua, fomentando la vida y el desarrollo comunitario”, detalló.


En una primera etapa, añadió, se brindará información sobre el movimiento, se promoverá la organización y se atenderá la queja ciudadana por cobros excesivos de la luz, cartera vencida de vivienda social, así como por las comisiones e intereses desmesurados en las tarjetas de crédito.
Posteriormente, en una segunda etapa, se sumarán acciones de defensa de la economía popular en materia de salud, consumo y abasto de productos básicos, junto con actividades artísticas, culturales y de educación política, dijo a los asistentes a la asamblea dominical.
Para el funcionamiento de las Casas se contará con el apoyo de las Brigadas del Movimiento, de los comités del Gobierno Legítimo organizados en todo el territorio nacional, así como de los equipos de ciudadanos y especialistas que se constituyan para atender tareas específicas, comunicó.
Por su parte, el presidente municipal de Metepec, estado de México, Oscar González Yáñez, afirmó que el proyecto “Resplandor Teotihuacán” responde a una necesidad del gobierno del Estado de México, por construir una imagen fría, frívola, en fez de resolver los grandes problemas de la vecina entidad.
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sábado 24 de enero de 2009

indagaciones a redes de corrupción


Indagaciones a redes de corrupción

el DEMÓCRATA. Asadero Político Antonio Zavaleta. A la llegada de Raciel López Salazar a la Procuraduría de Justicia de Chiapas, la -PGR- ha iniciado con duros golpes a la delincuencia organizada; específicamente con el tema de explotación y abuso infantil en zonas limítrofes con Guatemala Centroamérica. Uno de los acontecimientos más recientes fue el rescate de 16 menores de edad en Comitán de Domínguez; así es, la Ciudad de Robertito Albores. Dicha situación fue controlada y los menores están a salvo en la Estación Migratoria Modelo que fuera inaugurada hace unos años por “Santiago Creel Miranda en Tapachula y podrían ser repatriados a su país de origen, luego de las notificaciones pertinentes a los Diplomáticos Centroamericanos de su competencia, con lo que se busca una estrecha diplomacia con Presidentes como Álvaro Colón, y se curen heridas con otros gobiernos como el de Ecuador. Las acciones coordinadas de la PGR con Chiapas brindan confiabilidad a la población y a los poderes Federales y Estatales, por que precisamente eso se ha buscado en cada una de las entidades federativas del país, para dar con las “Cloacas Corruptas” que se introducen en los sistemas y protegen a quienes laceran la calma social y la integridad física de menores con trabajos físicos y hasta violaciones sexuales. Inclusive esos acontecimientos se han reflejado en la “Frontera Sur”, cuando varios menores de edad cruzan hacia lado mexicano, internándose en caminos de extravío que los llevan hasta municipios como Frontera Hidalgo, Metapa y CACAHOATÁN.
Como diría un ex cónsul del Salvador actualmente ubicado en “Miami”. “La frontera Sur está tan porosa, que no tiene llenadero; ni un número definido de caminos de extravío”. Alarmante punto delictivoCacahoatán es un pobre municipio que ha estado en el ojo del Huracán. Durante las últimas fechas, la propia población tacha de “CORRUPTO” a su alcalde Rolfi Gómez y auto-nombran como “Vaquero despistado o Charro endemoniado”… Las autoridades locales lideradas por “Gómez Robledo” ya resultan un peligro social, más cuando identifican a dicho municipio como “UNA CIUDAD SIN LEY”, en donde predominan “Negocios de Giro Negro y Rojo, y que al parecer pasan a ser autoridades presuntamente por la Presidencia Municipal”.
A pesar de la presunta prostitución infantil y proliferación de delincuencia organizada, los reglamentos y la seguridad pública se lo pasan por el arco del triunfo. Aunque eso es muy grave, “hay cosas peores”. La proliferación de una zona llena de cantinas, flujo migratorio, delincuencia común, portación ilegal de armas, además de abuso de poder y robo a las arcas municipales ha generado una serie de inconformidades entre los habitantes de Cacahoatán. Lamentablemente las autoridades municipales, están más concentradas a hurtar los recursos del erario, trasciende en las mismas declaraciones de Constructoras y propios empleados del Ayuntamiento, a cuidar por la paz social y la atención a delincuencia que explota menores de edad.
Las calles de Cacahoatán son “TESTIGOS MUERTOS” de transeúntes infantiles que al buscar lograr el sueño americano o alcanzar a sus familiares a los “Estados Unidos de Norteamérica”, son coartados de su libertad y lacerados con abusos físicos y sexuales. Trasciende que la trata de personas se ha expandido en Cacahoatán; una ciudad secuestrada por un “Presidente Ranchero” que tiene comportamiento nauseabundo y peor que los “Chuchos de Rancho”.
La gravedad se ha visualizado en la PROLIFERACIÓN DE CANTINAS, más cuando menores de edad son quienes consumen, además de que son los que trabajan al interior de los tugurios de mala muerte con la venia de un alcalde CORRUPTO, que ha mostrado sus uñas en un ciento de ocasiones. No solamente para inventar discursos baratos en donde afirma un trabajo intenso inexistente, también para organizar tabernas alcoholizadas que al crepúsculo se convierten en perdición rodante que acaba con cualquier tranquilidad. La PGR, posiblemente tenga entre su itinerario de acciones la racia o monitoreo de la Frontera Sur, y en su defecto de municipios como Cacahoatán; el cual, prevalece de un hilo y con la punta llena de explosivos al convertirse en un polvorín social que podría estallar en cualquier momento.
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lunes 19 de enero de 2009

Las instituciones en contra de los periodistas


Usan instituciones para castigar a periodistas

Ganarle a Sosa, evitará que políticos y gobernantes acosen a periodistas por simple ira: Granados Chapa

el DEMÓCRATA. Desde Abajo. La sentencia perpetrada contra el escritor Alfredo Rivera Flores, en la cual también se vieron involucrados el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, el fotógrafo Miguel Rubio Traspeña, el artista gráfico Enrique Garnica y el editor Miguel Ángel Porrúa, puede ser retomada por cualquier integrante de la clase política y gobernante de Hidalgo que buscaran “castigar” como ilícito a cualquier periodista que publique algo que lo haga enojar. Por eso, es importante evitar que Gerardo Sosa Castelán triunfe en sus pretensiones por enjuiciar al autor del libro “La Sosa Nostra. Gobierno y Porrismo coludidos en Hidalgo”, puesto que representaría un grave retroceso en materia de libertad de expresión, subrayó Miguel Ángel Granados Chapa.“Lo que nos ha ocurrido a Alfredo Rivera y a mí, a otros codemandados, les puede ocurra a cualquiera de ustedes. Una línea en un trabajo periodístico, una fotografía, una toma con la cámara, puede conducirlos a un juicio, a una demanda de civil o una denuncia de carácter penal. Eso es lo grave de este caso. Que sienta un precedente para que políticos y funcionarios se sientan avalados por una decisión judicial para castigar a cualquiera de ustedes, reporteras, reporteros, que incurran en la ira de una persona con actuación pública sujeta, por eso, a un escrutinio de la sociedad, que se incomode y quiera someterlos a ustedes a un juicio inquisitorial que les agote sus finanzas, su economía personal y, eventualmente, les quite parte de su patrimonio o los lleve a la cárcel.“La acusación de Sosa contra Alfredo Rivera y contra sus codemandados puede dirigirse a cualquiera de ustedes en cualquier momento por él, o por cualquiera de sus semejantes que abundan en la clase política y gobernante de nuestro estado”, alertó el periodista decano y galardonado “Belisario Domínguez”.Por eso “Sosa no ha ganado”, sentenció, a pesar de la sentencia emitida por la Octava Sala del Poder Judicial del Distrito Federal. “Lo que comenzó por ser un intento de venganza de Gerardo Sosa Castelán contra Alfredo Rivera por haber escrito este libro, se ha convertido en un caso público nacional de defensa de la libertad de expresión. Estamos en defensa de la libertad de expresión de todos los ciudadanos y, por eso, vamos adelante”, señaló el periodista
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sábado 3 de enero de 2009

Francisco Gil Díaz investigado por corrupción y abuso de poder

Francisco Gil Díaz, investigado por corrupción y abuso de poder

Compraventa de Banamex a Citigroup

Nos hablan de “crisis”…¿quién la ha generado?

¿ellos compartirán esta “crisis” en el 2009?

el DEMÓCRATA. ¿Cuál crisis? ¿Cuál pobreza, hambre y desempleo? ¿son generados por la corrupción y desatención? Juzgue, lector, si usted y su familia están padeciendo por culpa de la “crisis”, y determine, de manera reflexiva, quienes son los generadores del dolor de los mexicanos…Francisco Gil Díaz, uno de ellos, ¿vivirá en crisis? ¿sufrió el aumento al huevo o a la gasolina? ¿habrá hecho algo para coadyuvar al país, desde la dependencia que fue de su responsabilidad, que es neural para la economía en México? Veamos quienes son y han sido en mayor o menor medida los autores de la “crisis”.
LA NOTA
El Demócrata. Jesussa Cervantes (APRO). La Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación investigan al exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz por dos maniobras financieras que desangraron al erario: la compraventa de Banamex a Citigroup y la colocación del paquete accionario de Repsol que era propiedad de Pemex en la bolsa de Luxemburgo. Pero como Gil fue un funcionario de amplios intereses, un informe del Cisen lo relaciona con la galopante corrupción en las aduanas y la PGR con abuso de poder.Dos años después de haber dejado la titularidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Francisco Gil Díaz es investigado por la Procuraduría General de la República por el delito de "uso indebido de atribuciones y facultades" en el proceso de venta de Banamex a Citigroup en 2001, en el cual se evitó el pago del Impuesto Sobre la Renta por 3 mil 500 millones de dólares.
Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) indaga posibles pérdidas por "7, 095, 591 miles de pesos" (es decir, 7 mil 95 millones 591 mil pesos) por la colocación de las acciones que Petróleos Mexicanos tiene en Repsol (4.5%, con valor de mil 373.7 millones de dólares) en el mercado cambiario de Luxemburgo, operación que Gil Díaz autorizó en 2003 desde la SHCP y como integrante del Consejo de Administración de la paraestatal.A su vez, la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados abrió una investigación sobre la forma en que participó la empresa Global Axis Management, que preside Gonzalo Gil White -hijo de Gil Díaz y de Margarita White-, como proveedor de asesoría para llevar a cabo la operación accionaria en el paraíso fiscal de Luxemburgo.La misma comisión de la Cámara de Diputados y la asociación civil Transparencia Nacional, que encabeza el exprocurador fiscal Gabriel Reyes Orona, indagan la posible "simulación" de venta de acciones en aquella operación financiera con la consecuente pérdida para el erario federal de más de 7 mil millones de pesos o la desaparición de las acciones de Pemex en Repsol.

Uno de los principales responsables de esta colocación de bonos fue Juan José Suárez Coppel, que en 2003 era director corporativo de Finanzas de Pemex, y tan cercano a Gil Díaz que fue su jefe de asesores durante el primer año de su gestión en la Hacienda.La denunciaEl pasado 24 de octubre los legisladores Juan N. Guerra y Pablo Trejo, del PRD, presentaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia contra Francisco Gil Díaz por autorizar la venta de Banamex a Citigroup.
Los denunciantes argumentaron que Gil incurrió en un conflicto de interés, ya que como exempleado de Avantel, filial de Banamex, facilitó que la operación se realizara en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través del llamado "cruce protegido", con lo que se evitó el pago millonario de impuestos porque en 2001 las operaciones por esta vía estaban exentas de esa obligación.
Apenas el pasado jueves 4 la PGR le dio entrada a la querella contra Gil Díaz y ordenó abrir la averiguación previa 134/UEIDCSPCAJ/2008 en la Mesa XXVI de la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, según consta en el oficio UEIDCSPCAJ/1515/2008, firmado por Blanca Estela Villalobos Zárate, secretaria técnica de la Suprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales y la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia.
En la extensa denuncia de los diputados federales se anexa una lista de posibles involucrados en la anómala venta de Banamex o que impidieron su investigación: José María Zubiría Maqueo, "exfuncionario de las empresas controladas, filiales o subsidiarias del Grupo Financiero Banamex, estrechamente ligado a Roberto Hernández (expropietario de Banamex), designado como jefe del Servicio de Administración Tributaria en 2003 (ratificado en ese cargo por Felipe Calderón) y quien omitió realizar cualquier pesquisa o investigación para la recuperación de las contribuciones omitidas", es decir, los 3 mil 500 millones de dólares del impuesto.

Se incluye también a Luis Mancera Arrigunaga, "exdirectivo jurídico de Avantel bajo la dirección de Gil Díaz; exdirector de Banca y Ahorro de la SHCP en la pasada administración y titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación en el tiempo en que concluyó el plazo para el ejercicio de facultades de auditoría y comprobación por la omisión de las contribuciones; excolaborador de Zubiría Maqueo. Hoy socio de la firma White & Case que factura millones de dólares a Banamex".
Vicente Corta Fernández aparece en la denuncia como "extitular de Banca y Ahorro de la SHCP; extitular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario al momento en que se realizó el prepago del pagaré a Citibank; exasesor de Gil Díaz en Hacienda. Hoy directivo de White & Case, encargado de asuntos de apoyo a diversas autoridades federales vinculadas a asuntos relacionados con Roberto Hernández".Y finalmente se menciona a Javier Laynez Potisek, "excolaborador de Luis Mancera Arrigunaga y actual procurador fiscal de la Federación, que ha obstaculizado y retardado la promoción de acciones en contra de Gil Díaz".
En la denuncia se incluyeron dos oficios firmados por el exsecretario de Hacienda. El primero de ellos, fechado el 21 de mayo de 2001 y dirigido al entonces presidente de la República, Vicente Fox, el funcionario se excusa de intervenir en elasunto: "Es importante señalar que, no obstante que no presto ni he prestado servicios a las sociedades involucradas en la transacción de referencia, y por lo tanto no me encuentro en supuesto alguno que suscite conflictos de interés, he estimado que la excusa que someto a su consideración contribuye a la existencia de condiciones convenientes para el estudio, evaluación y resolución de dicho asunto, el cual será cursado ante la Dependencia a mi cargo".
En el segundo oficio, del 30 de octubre del mismo año, Gil Díaz autoriza la venta. En este documento de cinco cuartillas además se da luz verde a la escisión de Banamex en dos sociedades de responsabilidad limitada de capital variable, "que detentarán las acciones de Banamex USA Bancorp, quien a su vez detenta las acciones de California Commerce Bank Securities, Inc., y de Promotora de Teleinformática y Telecomunicaciones, S.A. de C.V., quien a su vez detenta las acciones de Avantel, S.A., y Avantel Servicios Locales, S.A".
El fragmento resaltado figura así en la denuncia porque esa parte del oficio se ocultó a la opinión pública y a los diputados federales a los que se informó de la venta. Al evidenciar la relación con Avantel, los diputados Juan N. Guerra y Pablo Trejo pretenden demostrar que Gil Díaz sí incurrió en conflicto de interés al haber sido empleado de la telefónica hasta el día que Fox lo designó secretario de Hacienda.Presiones a CitigroupEn la denuncia de Guerra y Trejo se muestra que la venta de Banamex no debió haberse avalado como una operación en la BMV exenta de impuestos puesto que, según los legisladores, el precio se pactó en Nueva York. Pero además, en la querella piden indagar la posible presión y otras maniobras de Francisco Gil Díaz a través del IPAB para que Citigroup se volviera inoperante y así obligarlo a adquirir caro Banamex.El diputado Juan N. Guerra y el exprocurador fiscal Gabriel Reyes Orona explican que, entre mayo y septiembre de 2000, Citigroup le ponía muchas reservas a Banamex, Por ejemplo, quería comprobar si todos los activos del banco eran reales, no permitía sacar activos a espaldas de los accionistas ni conservar a ciertos funcionarios. Entonces ocurrieron tres hechos relevantes.
El primero fue una reunión de Vicente Fox con Roberto Hernández. El segundo, que el IPAB, entonces bajo el mando de Vicente Corta, decidió prepagar el pagaré de Citigroup por 25 mil millones de pesos. "Todos los pagarés tenían posibilidad de prepago y la pregunta es por qué sólo se hace con Citigroup -dice Reyes Orona. El efecto es devastador para Citigroup, ya que por tratarse de una suma tan elevada de dinero no la podía colocar en las sucursales que tenía, y las tasas por rendimiento eran tan bajas en el país que no podía respaldarla. Esto le generó a Citigroup una pérdida de 1 millón de pesos por día.

Con esto Banamex fastidia a su contraparte en la negociación, por lo que lo presionan para que compre y retire algunas de las condiciones que ponía."El tercer acontecimiento, agrega el diputado Guerra, fue que como el IPAB no contaba con dinero para hacer el prepago del pagaré a Citigroup "se voltea a Banamex y le pide 25 mil millones de pesos, con lo cual le arreglan la vida a este banco porque a partir de ese momento ya tiene un crédito seguro con el IPAB, colocando una cantidad monstruosa de dinero".Por eso en su denuncia los legisladores piden a la PGR que recabe, "vía consular o diplomática, los informes que permitan conocer el grado de involucramiento de José Francisco Gil Díaz en las reuniones que se hubieran llevado a cabo con los señores Sanford Weill y Charles Prince, funcionarios de Citibank en la ciudad de Nueva York".
En tanto, los legisladores ya solicitaron audiencia con Christopher Cox, titular del organismo de regulación bursátil estadunidense (Securities and Exchange Comisión, SEC), a fin de pedir su colaboración para confirmar la presencia de Gil Díaz en las negociaciones con Prince y Weill, "dado que existen evidencias de corrupción en la operación" y en virtud de que el gobierno de Estados Unidos emitió una circular que autoriza investigar actos de corrupción en el extranjero.
Si se comprueba que la venta y el precio correspondiente se pactaron antes de que se realizara en la Bolsa Mexicana de Valores, se confirmaría que no debió autorizarse como un movimiento de "cruce protegido" y que por lo tanto se evadió el pago del ISR por 3 mil 500 millones de dólares con la anuencia de Gil Díaz.Dinero para Gil White En agosto de 2003 el Consejo de Administración de Pemex, encabezado por Francisco Gil Díaz, autorizó que se colocara en la bolsa de valores de Luxemburgo el 4.5% de acciones de Repsol que le pertenecen.


¿Las mafias de las instituciones padecerán crisis en el 2009?
Meses después, el 9 de diciembre, la SHCP autorizó la operación y le asignó el número de identificación 96-2003-F. El 14 de noviembre de ese mismo año se creó en el ducado de Luxemburgo la sociedad anónima Pemex Lux S.A., que a su vez formó un "vehículo financiero" llamado RepCon Lux, S.A., para emitir a través de él un bono intercambiable en acciones de Repsol por un monto de mil 373.738 millones de dólares, con vencimiento al 26 de enero de 2011.Sin embargo, en febrero de 2008 los tenedores de las acciones podían revender a Pemex las acciones o cobrar dividendos.
Hasta el momento se desconoce quién adquirió los bonos y quién fue uno de los colocadores. Tanto la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados como Transparencia Nacional tienen, como línea de investigación, que Global Axis Management realizó esta operación.Esta empresa, que preside Gonzalo Gil White, se formó en 1999 con los 60 millones de dólares que Televisa le pagó a la familia Cañedo White, a la que pertenece la esposa de Gil Díaz, Margarita White Cañedo. Tanto los diputados de la Comisión de Vigilancia como Transparencia Nacional creen que se simuló una venta de acciones y que en realidad se "vendió" un asiento en el consejo de decisiones de Repsol. La petrolera estaba tan atomizada antes de la colocación de los bonos que ninguno de sus inversionistas tenía más de 20% de las acciones.
El presidente de Transparencia Nacional, Gabriel Reyes Orona, explica: "De comprobarse esta tesis, Hacienda tendría que haber utilizado a un colocador que no dijera nada, y existen indicios de que pudo ser Global Axis Management; de ahí que sea una de las líneas de investigación".
Paralelamente, un informe de la Auditoría Superior de la Federación revela que no se sometieron a la consideración del Consejo de Administración de Pemex ni la evaluación del riesgo ni el impacto de los compromisos asumidos. Tampoco se evaluaron en esa instancia otras alternativas de financiamiento, lo que a decir de la ASF "le está representando a Pemex un costo de oportunidad de 7,095,591 miles de pesos -es decir, 7 mil 95 millones 591 mil pesos- debido a la plusvalía estimada del precio de las acciones a febrero de 2008".
La ASF precisa que no se tomó en cuenta el alza en el precio del petróleo en ese tiempo y que influyó directamente en el valor de las acciones de Repsol. La acción que alguien adquirió por 23.4 dólares, en diciembre de 2006 ya valía 34.58 dólares, por lo que de entrada la maniobra implicó una pérdida de 655 millones de dólares para Pemex.La ventaja para quien compró los bonos en el esquema que utilizó Pemex es que si la acción subía, se pagaba al tenedor del bono, pero si bajaba, la pérdida la asumía la paraestatal. Y en caso de que en febrero de 2008 Pemex decidiera recomprar las acciones, tendría que pagar a quien las poseyera un "costo de oportunidad" por 412 millones 121 mil dólares "o, si considera conveniente, les cederá la posición accionaria como pago".
Reyes Orona considera que el procedimiento es tan evidentemente oneroso para Pemex que debe ser una simulación: "Nadie hace esta operación para perder".Hasta el momento Pemex no ha informado si Global Axis Management participó en la operación de Luxemburgo y tampoco ha explicado los motivos para aceptar sus condiciones desventajosas. Mucho menos ha revelado quién adquirió los bonos o si se los recompró o le cedió su posición en Repsol.
En cambio, se sabe que el encargado de diseñar la operación fue Juan José Suárez Coppel, entonces director Corporativo de Finanzas de Pemex, quien el 27 de octubre de 2006 dejó en su cargo a su asesor y sobrino en segundo grado Esteban Levín Balcells, que aún se mantiene ahí.Antes de llegar a Pemex, Suárez Coppel fue asesor de Gil Díaz en la SHCP y hoy, impulsado por su protector, pretende ser consejero independiente de la paraestatal.


El pasado 11 de diciembre Suárez Coppel buscó al coordinador de los senadores panistas, Gustavo Madero, para que lo postule al consejo de la paraestatal; también cabildea en la Comisión de Energía para que lo propongan antes del próximo domingo 28, cuando vence el plazo para presentar candidaturas. Perseguidos por Gil DíazEn un amplio documento del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) se menciona que Francisco Gil Díaz utilizó su cargo en Hacienda para perseguir a sus adversarios y para avalar la corrupción que se apoderó de las 48 aduanas del país. Entre los abusos cometidos por Gil Díaz el Cisen refiere la persecución contra Julio Scherer Ibarra.
En 2000, poco después de que Julio Scherer García, fundador y presidente del Consejo de Administración de Proceso, hizo dos comentarios críticos sobre el presidente electo Vicente Fox, Gil Díaz inició una desa-seada embestida contra Scherer Ibarra, hijo del periodista. La persecución sumó 14 denuncias penales y duró casi todo el sexenio, pues no fue sino hasta mayo de 2006 cuando la PGR desechó las querellas a falta de pruebas.En abril de 2001, cuando Scherer Ibarra era director general y miembro del Consejo de Administración del Consorcio Azucarero Escorpión (Caze), propiedad de Enrique Molina, el secretario de Hacienda interpuso demandas contra los directivos del grupo industrial por operaciones realizadas entre 1997 y 2000, relacionadas con el subsidio a las exportaciones de azúcar, una supuesta evasión de impuestos y retención de cuotas del Seguro Social. A su vez, el 9 de noviembre de 2006, Scherer Ibarra interpuso una denuncia, por abuso de autoridad y omisión de hechos importantes en un juicio de amparo, contra el subprocurador fiscal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Ambrosio de Jesús Michel Higuera, y el director general de Delitos Fiscales, Eduardo Javier Tito Sodi Carmona. También señaló como responsable inmediato al superior jerárquico de estos funcionarios, Francisco Gil Díaz.En el expediente del Cisen, de más de 100 páginas, se dice que Gil Díaz ha beneficiado a sus parientes con patentes aduanales y se asoció con ellos para pasar contrabando, además de colocar a su amigo José Guzmán Montalvo como administrador general de aduanas. "Funcionarios de Hacienda adscritos a aduanas encabezan la lista de contrabandistas en la gestión de Gil Díaz, quien mantuvo a algunos en el cargo, aun cuando la Secretaría de la Función Pública determinó su inhabilitación", dice el documento
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